El Libro Verde sobre la generalizaci\u00f3n del recurso a la contrataci\u00f3n p\u00fablica electr\u00f3nica en la Uni\u00f3n Europea, define \u201cContrataci\u00f3n Electr\u00f3nica\u201d (e-Procurement) como \u201cun t\u00e9rmino general utilizado para designar la sustituci\u00f3n de los procedimientos basados en soporte de papel por el tratamiento y la comunicaci\u00f3n mediante TIC a lo largo de toda la cadena de contrataci\u00f3n p\u00fablica\u201d. Por su parte, como un subconjunto de lo anterior, venimos entendiendo por \u201cLicitaci\u00f3n\u201d las actividades comprendidas entre la publicaci\u00f3n de los Pliegos llamados a regir un determinado expediente de contrataci\u00f3n y su adjudicaci\u00f3n, incluyendo la entrega de las ofertas y las notificaciones entre las partes. Si dicho proceso es iniciado y desarrollado utilizando medios electr\u00f3nicos, entonces solemos hablar de \u201cLicitaci\u00f3n Electr\u00f3nica P\u00fablica\u201d, y a ella nos vamos a referir en los siguientes p\u00e1rrafos.<\/p>\n
Pese a sus ventajas, los organismos p\u00fablicos, obligados a adoptar las medidas precisas que garanticen la idoneidad t\u00e9cnica y conformidad jur\u00eddica del procedimiento, pueden llegar a sentir ciertas reticencias, derivadas las m\u00e1s de las veces de la novedad del m\u00e9todo. Sobre este particular, esto es, sobre los requisitos tecnol\u00f3gicos, jur\u00eddicos y operativos de la licitaci\u00f3n electr\u00f3nica, nos proponemos incidir.<\/p>\n
En primer lugar, y desde el punto de vista de la implementaci\u00f3n t\u00e9cnica, conviene recordar que existen diferentes opciones, todas ellas perfectamente v\u00e1lidas para soportar el desarrollo electr\u00f3nico del proceso de licitaci\u00f3n. As\u00ed, nos encontramos con organismos que han decidido acometer el desarrollo de su propia plataforma electr\u00f3nica, poderes adjudicadores que han optado por adquirir licencias de software comercial y, especialmente, organismos que se han decidido a utilizar plataformas de licitaci\u00f3n electr\u00f3nica en modo servicio, pagando s\u00f3lo por lo que consumen y eliminando costes de desarrollo y mantenimiento.<\/p>\n
En segundo lugar, nos encontramos con los condicionantes jur\u00eddicos. Pese a que la Ley 30\/1992, de 26 de noviembre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan ya apuntaba la necesidad de que el sector p\u00fablico utilizara medios electr\u00f3nicos en el desenvolvimiento del procedimiento administrativo, no ha sido sino hasta la promulgaci\u00f3n de la Ley 11\/2007, de 22 de junio, de Acceso Electr\u00f3nico de los Ciudadanos a los Servicios P\u00fablicos (LAECSP), cuando se ha transformado aquella enunciada posibilidad en obligaci\u00f3n, introduciendo con rotundidad el uso de los medios electr\u00f3nicos en el desarrollo del procedimiento.<\/p>\n
Es en el ecosistema jur\u00eddico creado por la LAECSP donde debemos colocar la legislaci\u00f3n relativa a la contrataci\u00f3n, ordenamiento vertebrado en torno al Real Decreto Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Contratos del Sector P\u00fablico (TRCSP). En la adecuada interpretaci\u00f3n conjunta de estas normas -ambas de car\u00e1cter b\u00e1sico-, y de las regulaciones auton\u00f3micas, locales o sectoriales que hagan al caso, hallamos las claves para acomodar el desarrollo electr\u00f3nico de la licitaci\u00f3n a la preceptiva seguridad jur\u00eddica que debe presidir la actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos. De su articulado podemos obtener los requisitos y condicionantes esenciales por los que habr\u00e1 de regirse un expediente de licitaci\u00f3n que se desarrolle en forma electr\u00f3nica, desde las exigencias normativas en la publicaci\u00f3n de los Pliegos, la remisi\u00f3n por parte de los licitadores de sus respectivas propuestas, su subsiguiente custodia segura hasta la apertura de la Mesa de Contrataci\u00f3n, las notificaciones, etc. Nuestro ordenamiento jur\u00eddico posibilita -y prefiere, en sus propias palabras- que todo ello tenga lugar en forma electr\u00f3nica, incluso -como as\u00ed prev\u00e9 el art\u00edculo 27.6 de la LAECSP-, exclusivamente en forma electr\u00f3nica, siempre que se satisfagan los requisitos contemplados en el precepto y que, a nuestro entender, no deben ser obst\u00e1culo para su plena adopci\u00f3n, de forma an\u00e1loga a como viene sucediendo con determinadas declaraciones tributarias societarias, cuya tramitaci\u00f3n, reglamentariamente, s\u00f3lo puede desarrollarse en forma electr\u00f3nica.<\/p>\n
As\u00ed, y para que no quepa duda de la posibilidad real para la celebraci\u00f3n de licitaciones exclusivamente por medios electr\u00f3nicos, expongo el siguiente iter jur\u00eddico habilitador.<\/p>\n
En primer lugar, nos encontramos, como decimos, con el Real Decreto Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico, cuando se\u00f1ala en su Disposici\u00f3n Adicional decimosexta: \u201c3. En cumplimiento del principio de transparencia en la contrataci\u00f3n y de eficacia y eficiencia de la actuaci\u00f3n administrativa, se fomentar\u00e1 y preferir\u00e1 el empleo de medios electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos y telem\u00e1ticos en los procedimientos contemplados en esta Ley por parte de los licitadores o los candidatos. En todo caso en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n General del Estado y los organismos p\u00fablicos vinculados o dependientes de \u00e9sta, dichos medios deber\u00e1n estar disponibles en relaci\u00f3n con la totalidad de los procedimientos de contrataci\u00f3n de su competencia.\u201d Obs\u00e9rvese que no cabe duda respecto de la intenci\u00f3n de este precepto, que insta a los poderes adjudicadores a utilizar los medios electr\u00f3nicos para el desenvolvimiento de los procedimientos de contrataci\u00f3n, de cualesquiera de ellos y no s\u00f3lo de los as\u00ed reglamentados: las subastas electr\u00f3nicas y los sistemas din\u00e1micos de contrataci\u00f3n.<\/p>\n
En segundo lugar, la previsi\u00f3n de la utilizaci\u00f3n exclusiva de medios electr\u00f3nicos se encuentra recogida en la Ley 11\/2007, de 22 de junio, de acceso electr\u00f3nico de los ciudadanos a los servicios p\u00fablicos, cuando se\u00f1ala en su art\u00edculo 27: \u201c6. Reglamentariamente, las Administraciones P\u00fablicas podr\u00e1n establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando s\u00f3lo medios electr\u00f3nicos, cuando los interesados se correspondan con personas jur\u00eddicas o colectivos de personas f\u00edsicas que por raz\u00f3n de su capacidad econ\u00f3mica o t\u00e9cnica, dedicaci\u00f3n profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnol\u00f3gicos precisos.\u201d<\/p>\n
Cuando los potenciales licitadores se corresponden con personas jur\u00eddicas no parece que existan razones suficientes para argumentar discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n del medio utilizado. Por tanto, es preceptiva la publicaci\u00f3n de la orden antes citada para dar cobertura a la licitaci\u00f3n realizada exclusivamente por medios electr\u00f3nicos.<\/p>\n
Esta \u00faltima exigencia se extiende tambi\u00e9n a otro tipo de Administraciones (las locales, por ejemplo), donde ser\u00e1 necesario, adem\u00e1s, la existencia de la normativa habilitadora de los medios electr\u00f3nicos y del r\u00e9gimen regulador de su uso exclusivo (generalmente, una ordenanza municipal), as\u00ed como la presencia de los extremos necesarios respecto de las plataformas a utilizar por parte de los licitadores en los correspondientes Pliegos de Prescripciones Administrativas.<\/p>\n
Por tanto, si se dispone de la normativa habilitante a la que hemos hecho alusi\u00f3n (sectorial, local o auton\u00f3mica), y en base al ordenamiento estatal se\u00f1alado, nada parece impedir en la actualidad el uso exclusivo de los medios electr\u00f3nicos en los procedimientos de licitaci\u00f3n electr\u00f3nica, sin necesidad por tanto de esperar a la promulgaci\u00f3n de la nueva Directiva que har\u00e1 obligatorio su uso, para todo tipo de expedientes de contrataci\u00f3n, en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n
Finalmente, llegamos a los condicionantes operativos. \u00c9stos, pese a su aparente menor trascendencia, suelen representar uno de los mayores impedimentos para la plena implantaci\u00f3n de las soluciones que estamos describiendo. La inercia de los poderes p\u00fablicos y el miedo al cambio -derivado de la escasa confianza que, en ocasiones, han demostrado algunos responsables p\u00fablicos respecto de la viabilidad t\u00e9cnica y la eficacia jur\u00eddica del procedimiento electr\u00f3nico-, constituyen sin duda los obst\u00e1culos m\u00e1s importantes y que, por imperativo legal, resulta absolutamente necesario superar.<\/p>\n
Es precisamente este convencimiento el que ha alentado a la Uni\u00f3n Europea a publicar sus \u00faltimos informes sobre la materia, entre ellos, la Comunicaci\u00f3n COM (2012)179 A Strategy for e-Procurement, que, tras los pasos de documentos previos, anuncia, a trav\u00e9s de las nuevas Directivas, para los pr\u00f3ximos a\u00f1os la obligatoriedad de la contrataci\u00f3n p\u00fablica electr\u00f3nica, en todos los Estados miembro.<\/p>\n
Por tanto, visto que la licitaci\u00f3n electr\u00f3nica es t\u00e9cnica y jur\u00eddicamente posible, visto tambi\u00e9n que es econ\u00f3micamente abordable -si se escoge la opci\u00f3n adecuada a cada caso-, visto que la EU alienta y proclama su uso hasta el punto de justificar p\u00fablicamente la necesidad de extender su obligatoriedad a todos los Estados miembro, y visto que, por raz\u00f3n de eficacia y eficiencia, es m\u00e1s que deseable, s\u00f3lo resta que los poderes adjudicadores que a\u00fan no han tenido la oportunidad de realizar su primera experiencia, contando con el decidido apoyo del gobierno del Estado, de las Comunidades Aut\u00f3nomas y las Entidades Locales, adopten la actitud decidida y moderna que Espa\u00f1a necesita, especialmente en momentos en los que la eficacia y el ahorro de costes marcan nuestro presente y condicionan nuestro futuro.<\/p>\n
Dr. Carlos Gal\u00e1n Doctor en Inform\u00e1tica y Abogado especialista en Derecho de las TIC Profesor de Derecho de las TIC \u2013 \u00c1rea de Derecho Administrativo Universidad Carlos III de Madrid Vicepresidente de la Comisi\u00f3n de Contrataci\u00f3n Electr\u00f3nica de ANEI (Asociaci\u00f3n Nacional de Empresas de Internet)<\/p>\n
Licitaci\u00f3n Electr\u00f3nica, Libro Verde Contrataci\u00f3n P\u00fablica Electr\u00f3nica, Carlos Gal\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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